El informe revela una escalada en la postura del gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, hacia México en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Según el artículo del *New York Times*, el Departamento de Justicia ha instruido a 93 fiscales federales a adoptar una "nueva táctica agresiva" contra funcionarios y políticos mexicanos implicados con cárteles de la droga, tras clasificar a seis de estos cárteles como organizaciones terroristas internacionales. Esta directiva sugiere un aumento significativo en las imputaciones contra los servidores públicos, en un contexto de tensión y acusaciones mutuas entre los dos países.
Aakash Singh, un alto funcionario del Departamento de Justicia, enfatizó durante la reunión la falta de preocupación por la posible reacción negativa del gobierno mexicano a estas acciones, sugiriendo que generar incomodidad o vergüenza en México sería un objetivo. Este enfoque refleja una política de "mano dura" que parece ser un pilar de la estrategia del gobierno Trump en su relación con México, buscando abordar de manera más contundente la corrupción que se entrelaza con el crimen organizado en el país vecino.