Un tribunal federal ha ratificado que el Gobierno de la Ciudad de México, bajo la dirección de Clara Brugada, está obligado a pagar una deuda de más de 2 millones de dólares, relacionada con un contrato firmado en 1999 por Alejandro Gertz Manero. A pesar de los intentos de la administración de Martí Batres por argumentar que no puede cumplir con esta obligación debido a dificultades jurídicas y financieras, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil desestimó su recurso de revisión.
La deuda corresponde a la contratación de 8,995 chalecos antibalas por parte de Gertz Manero a la empresa AP American Protective, S.A. de C.V. El gobierno debe entregar una carta de crédito, la cual nunca fue proporcionada. A raíz de esto, AP American Protective llevó al gobierno a juicio, obteniendo diversas resoluciones que confirmaron la obligación de pago.
En un esfuerzo por eludir el cumplimiento de la sentencia, la administración de Claudia Sheinbaum argumentó que no podía entregar la carta de crédito ya que el banco Bital, que debía emitirla, ya no existe y que carecía de recursos para realizar el pago. Sin embargo, el juez ha determinado que no existió tal imposibilidad y ha ordenado al gobierno capitalino que gestione la carta de crédito a través de HSBC, el banco que asumió las operaciones de Bital, y que actualice las condiciones de pago. Esto significa que el gobierno deberá abonar los 2 millones de dólares, pero posiblemente recibiendo un número menor de chalecos debido a los cambios en los precios a lo largo de los años.