El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, está evaluando una solicitud para excluir a la ministra Estela Ríos González de la discusión sobre cómo el Poder Judicial implementará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que considera la prisión preventiva oficiosa y el arraigo como violaciones a los derechos humanos.
Esta solicitud fue presentada el 9 de octubre por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, argumentando que Ríos González no debería participar en la votación debido a un posible conflicto de intereses, ya que en 2022, cuando era consejera jurídica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, había expresado su apoyo a la continuación de la prisión preventiva oficiosa, lo que podría afectar su imparcialidad en este caso.
La ministra Ríos González es la encargada de la ponencia relacionada con el cumplimiento de la Sentencia Internacional 3/2023. Según los solicitantes, su postura previa podría considerarse un prejuzgamiento, en contraposición a la propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien sugirió que la prisión preventiva no se aplicara de manera automática en ciertos casos.
En las próximas semanas, Hugo Aguilar deberá presentar un proyecto al Pleno de la SCJN, donde se determinará si Ríos González está impedida o no para participar en la resolución del caso.