El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido anular los resultados de las elecciones judiciales si se demuestra que un candidato ganador ha cometido delitos relacionados con la violencia de género o es deudor alimentario. Esta decisión fue tomada tras un intenso debate, donde la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala expresó su desacuerdo, argumentando que la medida representa un exceso en las atribuciones del INE y alteraría la seguridad jurídica en un momento crítico del proceso electoral.
El acuerdo, respaldado por una mayoría de ocho consejeros, establece la creación de un apartado en el sitio del INE para que ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil puedan enviar información sobre sentencias firmes contra candidatos. El INE se encargará de revisar las evidencias y permitir a los candidatos defenderse ante las acusaciones. En caso de que se verifiquen los delitos, se invalidará la elección correspondiente.
A pesar de que las campañas electorales ya habían comenzado desde hacía tres semanas, los consejeros justificaron la urgencia de esta medida debido a los limitados plazos para la organización de las elecciones. La consejera Rita Bell López también apoyó el acuerdo, señalando que existen acusaciones directas sobre candidatos que podrían haber incurrido en violencia contra mujeres o en deudas alimentarias.