En 2025, México recibió al menos 15,172 niños y adolescentes migrantes, de los cuales 970 viajaban solos, según la Unidad Política Migratoria (UPM). Muchos de estos menores abandonan su país de origen, en gran parte por decisiones de sus padres o familiares, con el deseo de encontrar mejores oportunidades. Durante su travesía, enfrentan serias amenazas como la discriminación, exclusión, explotación, trata y violencia sexual.
Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump incrementaron estos riesgos, incluyendo detenciones arbitrarias y vulneraciones a los tratados internacionales que protegen a los menores. En respuesta a esta situación, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) presentó un informe comparativo sobre las protecciones nacionales para niños y adolescentes migrantes en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. A través del proyecto regional REDES, la Redim subrayó la necesidad de establecer mecanismos para prevenir, acompañar y proteger a los menores de edad. De manera positiva, se resaltó que desde 1990, los cuatro países han estado alineados con la Convención sobre los Derechos del Niño, contribuyendo al desarrollo de políticas y protocolos dedicados a este grupo vulnerable en contextos de movilidad.