La periodista y defensora de derechos humanos, Jaqueline Campbell Dávila, ha estado enfrentando campañas de desprestigio por varias semanas tras denunciar irregularidades en la operación de bares y cantinas en el Centro Histórico de Saltillo, así como problemas de acaparamiento de propiedades en situaciones legales complejas. Estas campañas se han llevado a cabo a través de cuentas anónimas en redes sociales, donde se ha criticado su labor y se han difundido videos antiguos que ponen en cuestión su credibilidad, incluyendo un material de hace más de seis años en el que se muestra una entrevista que menciona su dirección particular.
Campbell Dávila ha comentado que ha sido objeto de ataques físicos y amenazas a lo largo de su tiempo en Coahuila, lo que refuerza su percepción de que existe una resistencia fuerte contra la defensa de los derechos humanos en el estado. Ella argumenta que Coahuila enfrenta serias limitaciones en la observación de los derechos humanos y critica la conjunción de intereses entre diferentes sectores que impiden la justicia y la protección de quienes defienden estos derechos.
Además, ha manifestado su desconfianza hacia las autoridades locales, señalando que la Policía Cibernética y otras dependencias no han abordado adecuadamente las denuncias de delitos contra periodistas y activistas. En su experiencia, las autoridades no han mostrado avances en casos críticos, como aquellos relacionados con los allanamientos a oficinas de la Diócesis y en su propio domicilio.
La situación de Campbell Dávila refleja los desafíos que enfrentan muchos defensores de derechos humanos y periodistas en México, un país donde la violencia y la impunidad son problemas persistentes. Su testimonio subraya la necesidad de una mayor protección y reconocimiento del trabajo de quienes luchan por la verdad y la justicia en contextos adversos.