El juez Sexto de Distrito en materia civil, Francisco René Olivo Loyo, ha aceptado dos juicios de amparo indirecto interpuestos por funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en respuesta a publicaciones que mencionaban presuntos actos de corrupción vinculados con ellos, difundidas por cuatro medios de comunicación en Puebla. Como resultado, se ha otorgado una suspensión provisional que prohíbe a los medios y a cuatro periodistas emitir declaraciones que puedan afectar la honorabilidad y dignidad de los funcionarios quejosos.
El juez argumenta que existe una necesidad de equilibrar el derecho a la información del público con el derecho al honor de individuos en posiciones públicas, y sostiene que el interés público no justifica la exposición de estas personas a imputaciones sin fundamento. Sin embargo, esta decisión ha sido criticada por el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE en Lucha y el Consejo Democrático Magisterial Poblano, quienes la han calificado como un intento de censura judicial que atenta contra el derecho de la sociedad a estar informada y limita el ejercicio periodístico.
El abogado Arturo Mendoza, quien representa a uno de los medios implicados, también ha manifestado que esta suspensión representa una forma de censura previa, lo cual contradice lo establecido en el artículo 7º de la Constitución Mexicana. La situación ha suscitado preocupaciones sobre la posible erosión de la rendición de cuentas y la transparencia en el ámbito educativo.