Un juez de control ha decidido no vincular a proceso a Francisco Natalio Zamudio Isbaile, quien era acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el operador financiero del político hidalguense Gerardo Sosa Castelán. Ambos están involucrados en un caso relacionado con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que incluye un monto de 58 millones 245 mil 948 pesos.
El juez a cargo, Gregorio Salazar Hernández, se desempeña en el Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. Este mismo juez había previamente sobreseído parcialmente los cargos contra Sosa Castelán en septiembre de 2024, pero dicha decisión fue revocada en marzo de 2025 por un tribunal colegiado, que argumentó que Salazar Hernández no tenía autoridad para invalidar las acusaciones y que el dinero en cuestión no podía ser considerado lícito.
Tras la revocación, se restablecieron ciertas medidas cautelares para Sosa, como el uso de un brazalete electrónico, y se instruyó al Tribunal de Enjuiciamiento para que continuara con el juicio.
En la reciente decisión sobre Zamudio Isbaile, el juez Salazar sostuvo que las acusaciones de la FGR eran inconsistentes y que el ministerio público no había presentado pruebas específicas que evidenciaran la participación de Zamudio en el lavado de dinero. Además, señaló que no había evidencia de que él hubiera estado vinculado a la empresa sospechosa Contabilidad del Siglo XXI, que se alegó como un intermediario en la movilización de los fondos.