El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, sigue en prisión preventiva en el penal del Altiplano mientras se define su situación jurídica en el caso Ayotzinapa. Este viernes, se llevó a cabo la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó por delitos relacionados con la desaparición forzada y la administración pública.
La FGR acusa a Aguirre de haber ordenado la extracción y destrucción de videos de las cámaras de seguridad en Iguala, que capturaron a los normalistas de Ayotzinapa en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando presuntamente fueron detenidos por autoridades para ser entregados a grupos criminales. Nuevos testimonios sugieren que también ordenó destruir toda evidencia relacionada con el caso.
La defensa solicitó más tiempo para presentar pruebas en su favor, y el juez programó una nueva audiencia para el próximo martes a las 10:00 horas. A pesar de que Aguirre entró a la sala en silla de ruedas y alegó problemas de salud, el juez determinó que no cumplía con los requisitos para una prisión domiciliaria, manteniéndolo en el Cefereso 1.