Una jueza federal de Nueva York, Jeannette Vargas, anuló el viernes una política de la administración Trump que suspendía la tramitación de visados para ciudadanos de 75 países, incluyendo Afganistán, Irán, Rusia y Somalia. Esta política fue considerada por la jueza como "contraria a la ley" y una "extralimitación de la autoridad" por parte del secretario de Estado, Marco Rubio. Vargas argumentó que la política violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad al negar visas a solicitantes elegibles sin un fundamento legal.
La decisión tiene importantes implicaciones, ya que se sostiene que la autoridad para determinar la elegibilidad para visados reside en los funcionarios consulares, quienes deben evaluar cada caso basado en criterios específicos establecidos por el Congreso. La política había sido objeto de impugnación por organizaciones sin fines de lucro y varios demandantes, muchos de los cuales habían visto denegadas sus solicitudes de visa.
Las organizaciones que impugnaron la política celebraron el fallo, destacando su impacto en la reunificación familiar y la dignidad de las personas. Argumentaron que la política previamente implementada causó un daño significativo al separar familias. Esta anulación es parte de una serie de decisiones judiciales que han desbaratado diferentes aspectos de la agenda migratoria de Trump.
El Departamento de Estado, en su momento, defendió la política como una medida para proteger a los estadounidenses, citando preocupaciones sobre la creación de "cargas públicas" por parte de ciertos inmigrantes. Sin embargo, el fallo de Vargas representa un desafío directo a esas afirmaciones y un paso hacia la restauración de derechos de inmigración que habían sido restringidos por la administración anterior.