En los últimos días, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha causado controversia al anunciar la "baja" de dos auditorías relacionadas con los municipios de Álamo Temapache e Ixhuatlán de Madero en Veracruz, a tan solo diez días de la entrega final de auditorías por la Cuenta Pública 2024. Esta decisión ha generado incertidumbre, ya que no se han proporcionado explicaciones claras sobre este cambio de última hora.
Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de Cumplimiento Financiero, ha señalado que esta no es la primera vez que se presentan situaciones similares en la ASF. Recordó un precedente del 11 de febrero de 2022, cuando la auditoría canceló la entrega de varios informes, incluyendo uno que evaluaba la política educativa del país, en respuesta a presiones de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Delfina Gómez en ese entonces.
Lozano ha expresado su preocupación sobre la percepción de que el actual auditor, David Colmenares Páramo, y su equipo están involucrados en prácticas que favorecen la manipulación de auditorías, generando denuncias sobre su posible negociación de auditorías a modo. Esto implicaría que se modifican los informes para suavizar las observaciones más graves, lo que suscita dudas sobre la transparencia y la objetividad de la ASF en su labor de fiscalización.
La situación pone en relieve las tensiones entre la auditoría y las autoridades gubernamentales, así como la necesidad de mantener la independencia y la integridad en el proceso de auditoría pública.