La reciente aprobación de una nueva ley en Guerrero respecto a la desaparición de personas ha generado una ola de controversia entre los colectivos de búsqueda y las autoridades. A pesar de que estos grupos han estado luchando durante casi una década y participaron en la discusión del tema, la ley fue aprobada sin su conocimiento del dictamen y sin incluir una de sus principales demandas: la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda autónoma, con su propio presupuesto y personal.
La ley, que reemplaza la anterior, introduce la creación de Células Municipales de Búsqueda, un Consejo Estatal Ciudadano y sanciones para funcionarios que demoren la atención a reportes de desaparición. Sin embargo, las madres que buscan a sus seres queridos expresan escepticismo, señalando que las autoridades históricamente no han cumplido con las leyes, lo que sugiere que la crisis de desapariciones continuará.
La nueva ley incluye la creación de un Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un Centro Estatal de Identificación Humana y un Banco Estatal de Datos Forenses, entre otras disposiciones. También establece la obligación de las autoridades a actuar de inmediato frente a casos de desaparición y promueve la investigación de feminicidios en casos donde se localicen mujeres sin vida.
A pesar de la aparente estructura que la ley propone para abordar el problema de las desapariciones en Guerrero, los colectivos de víctimas continúan sintiéndose marginados en el proceso y dudan de la efectividad de estas medidas debido a la falta de compromiso histórico de las autoridades. La situación refleja la compleja realidad de un estado que ha sufrido un gran impacto por la violencia y la desaparición forzada.