La ministra Estela Ríos ha sido autorizada a participar en la elaboración del proyecto de sentencia sobre cómo el Poder Judicial de la Federación debe acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la prisión preventiva oficiosa. La decisión fue tomada por unanimidad por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin que se presentara un debate público al respecto.
El caso en cuestión surge de la denuncia de Reyes Alpízar Ortiz y Daniel García Rodríguez, quienes pasaron 17 años bajo prisión preventiva oficiosa sin recibir sentencia, tras ser acusados de secuestro. La CorteIDH dictó que esta práctica es inconvencional y ordenó al gobierno mexicano que deje de aplicarla de forma automática, sugiriendo que se debe evaluar cada caso de manera individual.
La defensa de los acusados argumentó que la ministra Ríos debería estar impedida de participar, ya que en 2022, cuando era Consejera Jurídica de la Presidencia, había solicitado que se mantuviera la prisión preventiva oficiosa en relación con un amparo. Sin embargo, el Pleno de la SCJN concluyó que sus declaraciones fueron realizadas en el ejercicio de sus funciones y no de manera personal, por lo que su imparcialidad no se veía comprometida.
Así, la SCJN se prepara para abordar el cumplimiento de la resolución de la CorteIDH, delegando la responsabilidad a la ministra Ríos.