La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha decidido proceder con la imputación de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades. Este caso surge tras la pensión vitalicia que recibió de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, en 2004.
María Amparo Casar está convocada a una audiencia inicial programada para el 16 de diciembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, ante la jueza Diana Selene Medina Hernández. La carpeta de investigación, que se inició el 5 de abril de 2024 tras una denuncia de Pemex, alega que la pensión post-mortem que ella y sus hijos recibieron fue ilícita, ya que la muerte de su esposo no se debió a un accidente, como se había indicado anteriormente, sino a un suicidio.
La FGR sostiene que la familia Márquez Padilla Casar obtuvo beneficios económicos indebidos que incluyen una suma de más de 17 millones de pesos por el seguro de vida y gastos funerarios, además de una pensión mensual cercana a los 130,000 pesos para María Amparo y 15,434 pesos para cada uno de sus hijos hasta que alcanzaran los 25 años y finalizaran sus estudios.
El exdirector de Pemex, Octavio Romero, también reveló en mayo de 2024 que la empresa estatal estaba buscando recuperar más de 31 millones de pesos, que considera fueron pagados de manera incorrecta a la familia.