La situación en Campeche en relación con la marcha del 8 de marzo ha generado preocupación y debate en torno a los derechos de los manifestantes. Esli, una estudiante de doctorado del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), fue la primera de 14 detenidos durante la manifestación en ser liberada. Su caso destaca no solo por la detención, sino por las alegaciones de que no participó en los actos de violencia que ocurrieron, como la quema de escudos de mujeres policías.
Según su abogado, Esli formaba parte de un grupo de maestras y alumnas que realizaba una manifestación pacífica y se encontraba en un lugar diferente cuando se produjeron los incidentes. La Fiscalía General del Estado (FGECAM) determinó que no había suficiente evidencia para mantener su detención, lo que llevó a su liberación "bajo reservas de ley", lo que significa que podría ser llamada a declarar en el futuro si es necesario.
Ecosur, la institución donde estudia la joven, ha expresado su descontento con la detención y ha reclamado el respeto a los derechos humanos y a la libertad de protesta, enfatizando la importancia de un debido proceso. Además, el fiscal de Campeche anunció que se han abierto investigaciones por diversos delitos relacionados con los disturbios ocurridos en la marcha.
Este caso subraya las tensiones que pueden surgir entre el derecho a manifestarse y la respuesta de las autoridades a las protestas, especialmente en contextos donde los temas feministas y de derechos humanos están en el centro del debate público.