La situación que enfrenta Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V. está generando una controversia significativa en el ámbito de la administración pública y las licitaciones gubernamentales en la Ciudad de México. La empresa, dirigida por Gustavo Gutiérrez Galindo, ha sido señalada por supuestas irregularidades relacionadas con un contrato millonario para la entrega de vales de fin de año a trabajadores de la capital, cuyo monto asciende a 3,591 millones de pesos.
Las acusaciones surgen del procedimiento de licitación SAF-SARMA-DGRM-LP-10-25, que fue organizado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Se ha identificado una posible colusión entre dicha dependencia gubernamental, SUPERISSSTE (un organismo de seguridad social), y la empresa Broxel, lo que presuntamente habría influido en el resultado del proceso de selección.
Un punto crucial de la denuncia se centra en los requisitos de participación en la licitación. Todas las empresas que deseaban concursar debían contar con un convenio vigente de afiliación con SUPERISSSTE. A pesar de la competencia, sólo la empresa Previsión del Trabajo, S.A. de C.V. (PREVIVALE) pudo demostrar que cumplía con este requisito mediante un contrato firmado el 9 de octubre de 2025, antes de que el fallo de la licitación fuera emitido.
Durante la Junta de Aclaraciones del 30 de octubre, Broxel intentó introducir nuevos requisitos que no estaban contemplados en las bases originales de la licitación, pero estos fueron rechazados por la SAF. Sin embargo, a pesar de la respuesta negativa, al día siguiente, SUPERISSSTE emitió un oficio dirigido únicamente a PREVIVALE solicitando información que coincidía con las exigencias planteadas por Broxel, lo cual ha suscitado dudas sobre la transparencia y la equidad del proceso.
Este escándalo pone de relieve las posibles vulnerabilidades en la gestión de licitaciones gubernamentales y la necesidad de una mayor vigilancia para prevenir irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.