El artículo resume la situación actual sobre la constitucionalidad de la eliminación del presupuesto mínimo destinado a las víctimas en México, y destaca el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en decidir sobre este tema. Las organizaciones Centro Prodh y Fundar han expresado que esta decisión es crucial para asegurar los derechos de las víctimas, especialmente en un contexto de creciente violencia y falta de atención por parte del Estado.
Antes de 2020, la Ley General de Víctimas garantizaba un presupuesto mínimo del 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para medidas de apoyo a las víctimas. Sin embargo, la reforma de 2020 eliminó esta obligación, resultando en un déficit significativo en los recursos asignados a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Las organizaciones han subrayado que, desde la reforma, cada año se han dejado de asignar al menos 200 millones de pesos, creando una situación insostenible para las medidas de apoyo a las víctimas. Esta eliminación de garantías presupuestarias es considerada como una regresión en los derechos de las víctimas, lo que motivó a Centro Prodh a interponer una demanda de amparo, la cual ha sido favorable al reconocer dicha regresión.
Así, la SCJN tiene la oportunidad de restablecer un criterio que garantice el cumplimiento y la defensa de los derechos humanos de las víctimas, subrayando la importancia de no retroceder en los avances conseguidos en materia de derechos.