La ministra Loretta Ortiz Ahlf de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha propuesto a sus colegas aprobar la Ley General de Comunicación Social, a pesar de las críticas sobre la falta de reglas claras para la asignación de publicidad oficial. Esta ley ha sido objeto de impugnaciones durante ocho años y su análisis se centra en la posible violación de derechos humanos y la falta de un órgano autónomo que supervise la publicidad oficial, según organizaciones como Artículo 19 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El proyecto de la ministra Ortiz Ahlf retoma resoluciones previas de la Corte que identificaban la ausencia de normas claras establecidas por el Poder Legislativo para regular la publicidad oficial, lo cual contraviene disposiciones de transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. Esto plantea preocupaciones sobre el uso arbitrario de conceptos como "mensaje extraordinario" y su potencial utilización para la difusión no regulada de mensajes gubernamentales en los medios. La situación refleja un dilema entre la necesidad de regulación y la garantía de derechos y transparencia en la comunicación pública.