El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, junto al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, defendieron el reciente traslado de 26 líderes criminales a Estados Unidos. Este movimiento fue justificado por la necesidad de cortar con las operaciones delictivas que estos individuos continuaban llevando a cabo desde las cárceles mexicanas, donde, según las autoridades, seguían ordenando delitos graves como secuestros, extorsiones y homicidios.
Durante una conferencia de prensa, García Harfuch expuso que los delincuentes, aun recluidos en diversas prisiones de México, estaban utilizando visitas legalmente autorizadas para seguir operando criminalmente, amenazando a funcionarios y perpetuando una red de corrupción. Indicó que el riesgo de que obtuvieran amparos que les permitieran ser trasladados a cárceles de menor seguridad representaba una amenaza aún mayor para la seguridad pública.
Como ejemplo de los riesgos asociados con el sistema judicial, García Harfuch mencionó que dos notables criminales, Miguel Ángel Treviño (Z-40) y Óscar Treviño (Z-42), habían logrado posponer sus procesos de extradición en múltiples ocasiones. La decisión de enviar a estos 26 "generadores de violencia" a Estados Unidos fue calificada como un acto de soberanía y un esfuerzo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el país, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.
El secretario subrayó que esta acción estaba en conformidad con la Ley de Seguridad Nacional y contaba con el respaldo del Consejo de Seguridad Nacional, destacando la colaboración entre México y Estados Unidos en esta cuestión.