La iniciativa presentada por el diputado de Morena, Castillo Morales, busca establecer una reforma legal que prohíba a las instituciones financieras cobrar a los usuarios por la reposición de tarjetas de plástico en casos de robo o extorsión. La propuesta consiste en adicionar un artículo a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que permita a los afectados obtener un nuevo plástico sin costo, siempre que presenten la documentación que acredite el delito.
El legislador argumenta que los usuarios no deberían tener que asumir costos adicionales por la pérdida de una tarjeta debido a situaciones delictivas, como robos en la calle, en su domicilio, en el transporte público o en instituciones bancarias. Además, menciona que, en el contexto de estos delitos, a menudo se sustraen tarjetas de crédito o débito que es necesario reponer.
Morales también hace hincapié en que los cobros y comisiones relacionados con el uso de tarjetas de crédito y débito son complejos y varían según el contrato con el banco. Algunas de estas comisiones podrían incluir cargos por anualidad, retiros en efectivo e inactividad, lo que hace aún más relevante su propuesta para proteger los derechos de los usuarios en situaciones de vulnerabilidad.
En caso de que las instituciones financieras incumplan con esta nueva disposición, se enfrentarían a las sanciones estipuladas en la misma ley, reforzando así el compromiso con la protección de los derechos de los usuarios.