El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México ha decidido presentar un punto de acuerdo que busca crear una comisión especial para investigar los actos de violencia que se registraron durante la manifestación del 15 de noviembre en el Zócalo de la capital. Este movimiento se alinea con la postura de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien ha calificado estos hechos como parte de una estrategia política organizada.
Los morenistas argumentan que los ataques a los policías y la destrucción de mobiliario público no fueron incidentes aislados, sino que surgieron de una planificación deliberada. A pesar de la gravedad de los enfrentamientos, la bancada del oficialismo ha omitido mencionar los casos de ciudadanos y periodistas que resultaron heridos, aunque el propio gobierno reportó al menos 20 manifestantes con lesiones menores.
El diputado Paulo García, quien presentó el documento, enfatizó que hubo convocatorias en redes sociales que instigaban a desmantelar barricadas y a atacar instalaciones federales, y sugirió que estos actos estaban orquestados por grupos ligados a sectores conservadores que buscan crear una imagen de represión por parte del gobierno.
Además, el punto de acuerdo solicita que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lleven a cabo indagaciones sobre los agresores y sobre posibles vínculos políticos o financieros que respaldan a los grupos involucrados en la violencia.
Por otro lado, el documento también menciona la existencia de denuncias en redes sociales sobre presuntas coacciones ejercidas hacia comerciantes y funcionarios de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para que asistieran a la marcha, lideradas por opositores a la administración actual. Los diputados de Morena indicaron que estas acciones podrían haber tenido como objetivo manipular y aumentar artificialmente la participación en la manifestación.