La situación en Ecatepec es alarmante, ya que apunta a un vínculo de corrupción entre la administración local y gaseras clandestinas. Los vecinos y organizaciones civiles han denunciado que estas gaseras, además de operar de manera ilegal y vender gas robado de Pemex, están ofreciendo “donaciones” en forma de bienes y servicios al municipio. Esto incluye el financiamiento para alumbrado público, bacheo de calles y la limpieza de drenajes, lo que ha llevado a los ciudadanos a cuestionar la transparencia en la utilización de los recursos públicos.
A pesar de que la alcaldesa Azucena Cisneros había tomado medidas al cerrar 20 de estas gaseras, los denunciantes aseguran que han reabierto bajo un nuevo acuerdo que involucra pagos mensuales a cambio de continuar su operación. Aseguran que la alcaldesa les está pidiendo entre 500,000 y 1,000,000 de pesos, pero en el formato de obras públicas, para encubrir esta corrupción.
Entre las empresas identificadas que, supuestamente, han entrado en este pacto se encuentran Mega gas, Gas LP Jiza Hdz, Gas Cruz Palma, Polgas, Jima Gas y Grupo Flores. Los residentes mantienen la preocupación de que estas prácticas no solo comprometen la seguridad de la comunidad, sino que podrían llevar a una relación política más estrecha entre estas gaseras y la alcaldesa, poniendo en riesgo la integridad y seguridad de miles de ciudadanos en Ecatepec.
Ante estas acusaciones, los ciudadanos han solicitado la intervención de autoridades federales y de la Auditoría Superior de la Federación para investigar la gestión de recursos de la alcaldía y asegurar que se tomen medidas adecuadas en contra de la corrupción.