En la reciente elección de jueces y magistrados para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), se han dado a conocer varios perfiles que han generado controversia. Entre ellos se destaca a María Fernanda González Nahle, quien se desempeñará como magistrada Civil y es sobrina de la gobernadora veracruzana Rocío Nahle. Antes de su nombramiento, González Nahle ocupó un cargo en el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y también trabajó con el senador del PRI, José Marco Antonio Olvera.
Otro nombramiento relevante es el de Oscar Medina Alonso, quien será magistrado penal. Medina Alonso fue agente del Ministerio Público y ocupó roles de liderazgo en la Fiscalía de la Ciudad de México bajo la gestión de Ulises Lara.
Además, se designa a Zeila Eunice Pérez Herrera como magistrada en Justicia para Adolescentes. Pérez Herrera tiene experiencia en la Jefatura de Gobierno, donde trabajó con Clara Brugada.
Sin embargo, genera preocupación el caso de Carmen Alejandra Lozano Maya, quien asumirá el cargo de jueza penal a pesar de que, en 2020, debió dejar su puesto de ministerio público en el Estado de México tras ser denunciada por tortura, abuso sexual y extorsión en contra de una mujer y sus hijos menores.
Estos nombramientos reflejan una mezcla de conexiones políticas y antecedentes cuestionables en el proceso de selección para el sistema de justicia en la capital mexicana.