FGR investiga a titular de Conacyt por desacato judicial

El diario El Universal dio a conocer este lunes que la Fiscalía General de la República FGR investiga a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, por desacato a un mandato judicial relacionado con la entrega de recursos económicos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico FCCyT.

A pesar de que la carpeta de investigación se inició en octubre de 2020, no fue sino hasta el 21 de junio de este año que la FGR solicitó la documentación al juez Gabriel Regis López, quien realizó la denuncia contra la funcionaria.

Los integrantes del FCCyT denunciaron a la titular de Conacyt por haber desconocido el vínculo jurídico entre ambos organismos. En septiembre de 2019, el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, admitió el juicio y concedió al Foro una suspensión con el fin de que Conacyt continuara con la entrega de recursos para su operación, en tanto resolvía el amparo.

“La FGR inició la carpeta de investigación hasta octubre de ese año, pero no fue sino hasta junio de 2021 que solicitó al juez enviar copias del expediente de amparo, el incidente donde se determinó que el Conacyt incumplió con la suspensión concedida y un informe sobre el estado procesal de dicho juicio”, señala el reporte de la periodista Diana Lastiri.

El miércoles de la semana pasada, la FGR aseguró que volverá a solicitar una orden de aprehensión contra 31 exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt por la presunta comisión de delitos de carácter patrimonial.

A través de un comunicado, anunció que, en su nueva solicitud, explicará lo que considera un hecho delictivo patrimonial imputable a 31 académicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, luego de que un juez federal con sede en el penal federal de Almoloya, Estado de México, negara en definitiva las órdenes de aprehensión solicitadas.

“El Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”, enuncia el comunicado.



Con información de Aristegui Noticias