La controversia surgida por la sanción a la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por impedir el acceso de una mujer trans a un área exclusiva para mujeres y niños en el Metro de la Ciudad de México, refleja una profunda polarización en la sociedad respecto a los derechos de las personas trans y las políticas de inclusión.
Por un lado, organizaciones como el Consejo de Nueva Derecha defendieron la posición de la oficial y criticaron la política de inclusión del gobierno de Clara Brugada. Argumentaron que la actuación de la policía fue correcta, y condenaron lo que consideran una manipulación de la biología y una imposición de ideologías en la sociedad. La organización incluso pidió la reversión de la sanción impuesta a la policía.
Por otro lado, organismos como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) rebutaron esta perspectiva al señalar que la acción de la policía constituyó un acto de discriminación. En un mensaje en redes sociales, COPRED reafirmó la importancia de respetar la identidad de género de todas las personas y condenó cualquier forma de exclusión basada en el género.
Este incidente, que se viralizó en redes sociales tras la publicación de un video donde se observa a la policía bloqueando el paso a la mujer trans y afirmando que no es mujer, pone de relieve no solo las tensiones entre diferentes grupos sociales y opiniones, sino también la necesidad de un debate más amplio sobre la inclusión y el respeto a los derechos humanos en el contexto de la diversidad de identidades de género en la Ciudad de México.