La situación actual en torno a la reforma electoral en México presenta una serie de tensiones entre el gobierno y el Instituto Nacional Electoral (INE). Pablo Gómez Álvarez, encargado de la comisión presidencial para la reforma, ha manifestado la idea de que el INE debe perder su carácter de autonomía, sugiriendo que un "órgano administrativo" no debería ser autónomo, a pesar de que esto implica que se le otorgaría alguna forma de independencia en sus decisiones. Esta postura se alinea con la visión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha criticado la existencia de organismos autónomos y ha propuesto que la organización de elecciones sea responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.
Durante un encuentro entre Gómez y nueve de los once consejeros del INE, se discutieron 241 propuestas, pero las diferencias entre la perspectiva del gobierno y la posición del INE se hicieron evidentes. Mientras los consejeros abogaron por la necesidad de fortalecer la autonomía y capacidad técnica del INE, Gómez rechazó varias de sus propuestas, incluyendo la idea de indexar su presupuesto al crecimiento económico.
Un aspecto donde pareció haber un acuerdo fue en la necesidad de mejorar la fiscalización de recursos electorales, un tema sensible dado el historial de escándalos de corrupción en las elecciones en México. Sin embargo, Gómez también dejó claro que la reforma no se concretará necesariamente a través de un consenso entre las diferentes fuerzas políticas, lo que sugiere que podría haber una imposición de reformas por parte del gobierno.
Finalmente, la discrepancia entre los miembros del INE se evidenció con la ausencia de dos consejeras que decidieron no asistir a la reunión, lo que pone de manifiesto las tensiones internas dentro del organismo. Este contexto refleja un panorama complejo en el que la autonomía del INE está en juego, con un gobierno que parece inclinado a cambiar la estructura y el funcionamiento de la institución electoral en el país.