La situación en Sinaloa ha tomado un giro complicado con la solicitud de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, lo que ha llevado al partido Acción Nacional (PAN) a proponer un juicio político en su contra. Las acusaciones que enfrenta están relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico, incluyendo delitos graves como la conspiración para importar narcóticos y la posesión de armas de alto poder.
El diputado del PAN, César Ismael Damián Retes, ha señalado que este es un indicativo de la presencia de un "narcogobierno" en Sinaloa y ha criticado la actitud del actual gobierno federal al realizar “deportaciones” de personas implicadas en el narcotráfico, sugiriendo que Rocha Moya debería ser transferido a Estados Unidos de manera similar. Esto refleja una creciente tensión política en el país, donde las acusaciones de corrupción y colusión con el crimen organizado son temas recurrentes.
La postura del PAN enfatiza la necesidad de que Rocha Moya rinda cuentas tanto a la justicia estadounidense como al pueblo mexicano, argumentando que su llegada al poder fue con la complicidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta situación no solo plantea inquietudes sobre la gobernabilidad en Sinaloa, sino que también podría tener repercusiones más amplias en el panorama político mexicano, dado que otros gobernadores de Morena han sido mencionados en contextos similares.
El desarrollo de este caso y la respuesta del gobernador ante estas acusaciones serán cruciales para el futuro político de Sinaloa y de otros estados gobernados por Morena.