El artículo proporciona una crítica sobre la reciente elección judicial en México, destacando la advertencia hecha por Jorge Romero Herrera, líder del Partido Acción Nacional (PAN), acerca de un posible abstencionismo superior al 90%. Romero también afirmó que su partido había desplegado más observadores de los permitidos, lo cual implica una irregularidad, dado que la ley prohíbe a los partidos enviar observadores a estas elecciones.
Contrario a las afirmaciones de Romero, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, informó que la participación ciudadana habría sido de alrededor del 12.57% al 13.32%, cifras que están por debajo de las previsiones del gobierno y del partido Morena, pero más altas que las estimaciones de Romero.
Además, se menciona que el INE había rechazado la acreditación de más de 44 mil personas como observadores por ser militantes de partidos políticos, servidores públicos o beneficiarios de programas sociales, lo que pone en evidencia la falta de cumplimiento con las regulaciones electorales por parte del PAN. Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial y líder de la bancada del PAN en el Senado, también se pronunció en contra de la elección, reiterando que la participación sería menor al 10%.
El contexto sugiere una controversia sobre la legitimidad de la elección y el papel de los partidos políticos, así como el descontento en torno a la participación ciudadana en asuntos judiciales.