El Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México como parte de su estrategia "Patrimonio Seguro", que tiene como objetivo prevenir el despojo de inmuebles y evitar que la ocupación ilegal de propiedades pueda adquirir apariencia de legalidad con el tiempo o a través de documentos fiscales y notariales.
El diputado Mario Enrique Sánchez Flores, durante la presentación de la propuesta, destacó que esta iniciativa no se trata de una campaña superficial, sino de una serie de reformas legislativas para cerrar las puertas a aquellos que realizan despojos. Esta presentación ocurre en un contexto de creciente preocupación pública y mediática por casos de despojo que han generado protestas vecinales.
La iniciativa propone reformas al Código Civil, al Código Fiscal, a la Ley del Notariado y a la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios, restringiendo la validación de posesiones obtenidas de forma ilegal. En particular, se busca que la posesión a través de despojo, violencia o documentos falsos no se convierta en propiedad después de un periodo de tiempo. También se establece que pagar impuestos o aparecer en registros catastrales no acreditará la propiedad de un inmueble. Además, se propone que los notarios implementen una "diligencia reforzada" en operaciones que presenten riesgos de fraude.
Sánchez Flores enfatizó la necesidad de actuar antes de que ocurra el despojo, para proteger a las personas vulnerables, como adultos mayores, que pueden perder sus propiedades. Se mencionó que entre enero de 2020 y abril de 2026 se registraron miles de denuncias por despojo en la Ciudad de México, con un bajo porcentaje que ha resultado en procesamientos judiciales.
La iniciativa del PAN surge en respuesta a incidentes recientes de despojo en la alcaldía Benito Juárez, que recibiendo atención mediática, impulsaron al partido a actuar. Estos casos incluyeron una ocupación forzada y el despojo de la propiedad de una artista plástica.
En conclusión, la propuesta del PAN se presenta como una respuesta integral para abordar el problema del despojo y proteger los derechos de propiedad en la ciudad.