La situación descrita en Veracruz destaca una preocupación creciente sobre el uso de la figura de "violencia política en razón de género" como un mecanismo que podría estar perjudicando la libertad de expresión. Según organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de prensa, como Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas, este contexto involucra sanciones a periodistas y medios por publicaciones que critican a figuras políticas, lo que genera miedo y podría silenciar voces críticas.
En particular, se menciona el caso de varios periodistas sancionados por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que las publicaciones realizadas sobre Mara Yamileth Chama Villa, en su tiempo de campaña y posteriormente, constituyen violencia política de género. Esto se basa en la alegación de que los contenidos publicados reforzaban estereotipos de género y disminuían su trayectoria política.
Este tipo de sanciones no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que también puede tener un efecto escalofriante en el panorama más amplio de la libertad de prensa en el estado, donde el debate crítico y la libre expresión son fundamentales para la democracia. La preocupación radica en que, al utilizar la figura de la violencia política de género en estos casos, se pueden vulnerar los derechos de los periodistas y generar un clima de censura contra la crítica legítima hacia figuras públicas.