El artículo resalta la importancia de considerar el aborto como un procedimiento médico que debe ser regulado desde una perspectiva de salud pública en México, en lugar de ser tratado como un asunto penal. A casi dos décadas de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, profesionales de la salud han señalado que, a pesar de los avances, persisten barreras que limitan el acceso y la implementación adecuada de servicios de aborto seguro en el país.
Entre las principales barreras identificadas se mencionan el estigma social, la desinformación y el temor a la criminalización. Estas condiciones generan un ambiente de incertidumbre tanto para los profesionales de la salud como para las personas que requieren estos servicios, lo cual provoca retrasos y opciones inseguras. Especialistas han llamado la atención sobre el hecho de que el aborto todavía está tipificado como delito en varios estados de la nación, lo que añade un nivel de miedo y desconfianza en quienes buscan acceder a estos servicios.
Además, se ha evidenciado que una proporción significativa de las interrupciones legales del embarazo en la Ciudad de México proviene de personas de otras entidades donde el acceso a tales servicios es más restringido, lo que subraya la importancia de la ILE como una opción accesible en un contexto de desigualdad en el acceso a la salud reproductiva. Los expertos piden una reevaluación de las leyes y una eliminación de las barreras para garantizar una atención adecuada y segura en todo el país.