La controversia en torno a la consulta previa de las leyes que afectan a las personas con discapacidad en México ha tomado un nuevo giro tras las audiencias públicas organizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A pesar del rechazo expresado por las personas con discapacidad y diversas organizaciones de la sociedad civil, la ministra Lenia Batres Guadarrama ha insistido en la necesidad de que se abandone el criterio que ha llevado a la invalidación de aproximadamente 50 leyes, tanto federales como estatales, por la falta de dicha consulta.
Durante las audiencias, más de 100 representantes de la comunidad de personas con discapacidad manifestaron su desacuerdo con la propuesta de la ministra, argumentando que la consulta es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado. La inseguridad sobre el futuro de este criterio se mantiene, ya que aún no se ha definido una fecha en la que la SCJN tomará una decisión final sobre el asunto.
Batres argumentó que la consulta, según la jurisprudencia anterior, era vista como un mero requisito procedimental en el ámbito legislativo, en lugar de un derecho humano. Por su parte, el ministro presidente, Hugo Aguilar, también se pronunció en favor de revisar este enfoque, al recordar su propia experiencia con la discriminación como miembro de comunidades indígenas, destacando la importancia de la consulta como derecho tanto para personas con discapacidad como para pueblos indígenas y afromexicanos.
Esta discusión resalta la tensión entre la necesidad de incluir a grupos vulnerables en el proceso legislativo y las preocupaciones sobre cómo las decisiones de la corte pueden impactar en la protección de sus derechos.