Daniel García Rodríguez, quien ha demandado al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por haber estado más de 17 años en prisión preventiva, ha presentado un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su solicitud busca que las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Estela Ríos se abstengan de participar en el debate sobre su caso.
En una audiencia en la SCJN, García Rodríguez, acompañado por su abogado Simón Hernández León, ha pedido que la Corte reanude la discusión sobre cómo México debe cumplir con la resolución de la CorteIDH, que declaró inconvencional la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa basada en el catálogo de delitos del artículo 19 constitucional.
Hernández León detalló que han solicitado al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, que los reciba en audiencia pública para involucrar a todos los sectores pertinents en el caso, incluidas personas sujetos a prisión preventiva, colegios de abogados, universidades, expertos, y organizaciones internacionales como la ONU.
Además, se han planteado impedimentos en contra de las ministras Ríos y Esquivel para que no participen en el debate respecto al expediente de cumplimiento de la sentencia internacional 3-2023. Esto se debe a que la ministra Ríos fue consejera jurídica durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador y había solicitado previamente que se mantuviera la prisión preventiva, lo que se interpreta como un prejuzgamiento. Por su parte, la ministra Esquivel fue señalada por sus comentarios relacionados con el caso, en los que expresó que consideraba a los acusados "pobres angelitos" y defendía la decisión de mantenerlos en prisión, lo que podría indicar un prejuicio hacia la responsabilidad penal de los involucrados.
Este desarrollo subraya la complejidad del debate sobre la prisión preventiva en México y el cumplimiento de las resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos.