El reciente arresto del alcalde de Tequila, Diego N., junto con otros funcionarios municipales clave, ha llevado al Gobierno de Jalisco a tomar el control de la seguridad en el municipio. La detención fue parte de un operativo que incluyó cateos en varias propiedades, y fue ejecutado por autoridades federales en conjunto con las estatales. La Secretaría de Seguridad estatal ha asumido la dirección operativa, llevando a cabo una revisión exhaustiva de la comisaría municipal y del armamento de las fuerzas de seguridad locales.
Aunque el gobierno estatal ha asegurado que no hay un riesgo inmediato para la gobernabilidad en Tequila, la detención simultánea de figuras tan influyentes crea preocupaciones sobre el funcionamiento del ayuntamiento, especialmente en áreas críticas como la seguridad pública. El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, ha garantizado que la Policía Estatal está reemplazando a la policía municipal en las labores de seguridad mientras se realizan las investigaciones.
El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, ha indicado que ya existen denuncias previas contra el alcalde, que abarcan temas graves como extorsiones, amenazas, y violencia de género y política. Se han abierto al menos cuatro carpetas de investigación, lo que sugiere que las acusaciones son serias y que el caso podría tener repercusiones significativas para la administración municipal en Tequila.