La reforma a la Ley de Amparo que se discute en México ha suscitado un intenso debate debido a su carácter retroactivo, lo cual significa que las nuevas disposiciones aplicarán no solo hacia el futuro, sino también a situaciones ya existentes en el pasado. Esto tiene implicaciones significativas, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, ya que las personas que han obtenido suspensiones de amparo en el pasado podrían ver revocadas esas protecciones automáticamente, sin posibilidad de defensa.
La presidenta Claudia Sheinbaum, quien propuso la reforma, ha expresado su preocupación sobre este aspecto, argumentando que es contrario a la Constitución, la cual establece que las normas deben ser irretroactivas en la mayoría de los casos para proteger los derechos de las personas. Ella confía en que la Cámara de Diputados podrá eliminar esta disposición transitoria durante la revisión de la reforma.
La controversia sobre la reforma también radica en las restricciones que impone. Por ejemplo, se prohíbe conceder suspensiones que protejan a personas bajo investigación por delitos que merecen prisión preventiva de oficio, y no se otorgarán suspensiones en relación con el congelamiento de cuentas bancarias cuando no hayan sido ordenadas por un juez o solicitadas por una autoridad internacional. Este tipo de limitaciones al juicio de amparo es visto como un ataque a los derechos humanos, ya que el amparo es un mecanismo diseñado para proteger los derechos fundamentales de las personas frente a actos de autoridad.
En resumen, la discusión sobre esta reforma a la Ley de Amparo refleja una tensión entre el fortalecimiento del control sobre actividades delictivas y la protección de derechos humanos, lo que la convierte en un tema crítico en la agenda política actual de México.