La situación en Jalisco respecto a la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad ha suscitado preocupación y críticas, principalmente por la falta de representación de personas con discapacidad en los cargos de liderazgo dentro de esta área. A pesar de que esta dirección se creó con el propósito de promover la inclusión y defender los derechos de este grupo, hasta ahora solo una persona con discapacidad ha ocupado el cargo de titular.
La reciente designación de Gabriela Elizabeth Méndez González, quien no tiene discapacidad, ha vuelto a poner en el centro del debate la necesidad de que este puesto sea ocupado por alguien que viva la experiencia de tener una discapacidad. La propuesta para reformar la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad en Jalisco busca hacer obligatoria esta condición para el titular de la dirección.
Como parte de esta iniciativa, el colectivo Constituyentes ha lanzado una campaña de recolección de firmas y ya ha comenzado a recibir apoyo de la ciudadanía, aunque aún está lejos de alcanzar el objetivo de 3,500 firmas necesarias para avanzar en el proceso legislativo.
La problemática se acentúa al observar que la ley actual permite que el cargo sea ocupado por cualquier persona, aunque se mencione que preferentemente debería ser para alguien con discapacidad. Este matiz ha llevado a algunos a cuestionar la efectividad de la ley en asegurar la participación y representación adecuada de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que les afectan directamente.
Óscar Curiel de la Torre, uno de los principales promotores de esta reforma, critica esta falta de representatividad y argumenta que es fundamental que quienes tomen decisiones en esta área comprendan plenamente las barreras y desafíos que enfrentan las personas con discapacidad. La iniciativa ciudadana refleja un esfuerzo por cambiar el statu quo y abogar por un liderazgo más inclusivo que represente verdaderamente a aquellos que debe servir.