La reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado preocupaciones significativas respecto a su impacto en la ciudadanía y en los jueces encargados de aplicarla, según Miguel Bonilla, exmagistrado de Circuito y actual investigador en la Escuela Libre de Derecho. Durante una sesión de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Bonilla analizó los posibles efectos negativos de los cambios legislativos.
Bonilla resaltó que la redacción de la iniciativa presenta ambigüedades que pueden complicar la tarea de los jueces, especialmente en asuntos delicados como la prisión preventiva oficiosa y la concesión de suspensiones. Además, mencionó que la reciente reforma judicial de 2024, que otorga poder al Tribunal de Disciplina Judicial, añade un elemento de riesgo. Los jueces, tanto los de carrera como los recién electos, podrían enfrentarse a procesos de investigación y sanción por las decisiones que tomen, lo que puede afectar su independencia judicial.
A su juicio, esta situación haría que los jueces tengan que ser particularmente cautelosos en la interpretación de la ley, ya que sus decisiones podrían ser cuestionadas por un tribunal con criterios diferentes, lo que, a su vez, podría desincentivar el ejercicio pleno de sus facultades interpretativas. Bonilla subrayó que independientemente de la experiencia de los jueces, la aprobación de la reforma tal como está planteada podría perjudicar la aplicación práctica de la ley en el futuro.