La reciente aprobación de la nueva Ley Nacional de Aguas en México ha generado diversas reacciones y tiene como objetivo principal reformar el manejo del agua en el país, establecido por la Ley de Aguas Nacionales de 1992. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó su importancia durante la conferencia matutina, subrayando que se trata de un "parteaguas" en la gestión hídrica y un compromiso del gobierno para escuchar y atender las necesidades del país.
La ley fue aprobada con un amplio apoyo en la Cámara de Diputados, pero no sin controversia. Grupos de agricultores y usuarios de riego protestaron enérgicamente, manifestando su oposición a posibles efectos que la nueva legislación podría tener sobre la gestión y propiedad del agua, expresando su preocupación por el riesgo de privatización y expropiación.
Por otro lado, diversas organizaciones civiles y ambientalistas han celebrado la aprobación, considerándola un paso significativo hacia el reconocimiento y garantía del derecho humano al agua, un derecho ya consagrado en la Constitución desde 2012. La ley ahora será debatida en el Senado, donde se espera que continúe generando un intenso diálogo sobre la gestión del recurso hídrico en México.