El municipio de Playas de Rosarito está en el centro de una investigación sobre un posible esquema de lavado de dinero vinculado al Cártel de Sinaloa, afectando a 14 empresas locales. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha informado que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está llevando a cabo una revisión exhaustiva de estas empresas.
Ávila Olmeda compartió esta información durante un evento donde se entregaron patrullas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En relación a Javier Robles Aguirre, un funcionario estatal y director de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación de Baja California, se ha indicado que supuestamente ya no está involucrado en una de las empresas mencionadas en la investigación, que es Alimentos y Diversión Insurgentes, S. de R.L. de C.V., cofundada con Jesús González Lomelí.
El funcionario ha enfatizado que su desvinculación de la empresa ha sido pública y que no ha tenido participación en ella durante varios años. A pesar de esto, la gobernadora ha afirmado que se llevarán a cabo investigaciones internas para esclarecer la situación y las posibles conexiones de los implicados con el crimen organizado.