El proceso de selección del nuevo fiscal general del estado de Coahuila ha generado controversia, especialmente debido a la inscripción de Federico Fernández Montañez, actual secretario de Seguridad y acérrimo colaborador del gobernador Manolo Jiménez Salinas. A pesar de manifestar previamente que su enfoque estaba en las tareas de seguridad y no en este proceso, Fernández Montañez se registró para participar.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de desaparecidos han expresado su preocupación ante esta situación, instando al Congreso del Estado a garantizar que el próximo fiscal sea una persona independiente, alejada de intereses políticos y del actual gobierno.
Fernández Montañez tiene un historial que levanta cuestionamientos. Desempeñó funciones relevantes durante la gestión de Rubén Moreira Valdez y ha estado vinculado a casos polémicos, como el de la Masacre de Allende y la llamada Masacre de la Loma Linda, donde su gestión fue criticada por la presunta falta de eficacia en las investigaciones y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad bajo su mando.
La convocatoria actual permite que los interesados se registren hasta el 2 de noviembre. Se espera que el Congreso presente una lista de diez candidatos, de donde el gobernador elegirá a tres para su consideración final. Esto ocurre en un contexto donde la confianza en las instituciones de justicia y seguridad en Coahuila ha sido cuestionada, y donde cualquier decisión del gobierno respecto al nuevo fiscal es vigilada de cerca por la sociedad civil.
Además, la falta de transparencia en su pasado, como su vinculación con una empresa de seguridad privada, podría complicar aún más su candidatura, ya que se busca una figura que inspire confianza y legitimidad en la lucha contra la impunidad y la crisis de desapariciones en el estado.