El reciente anuncio sobre la adjudicación de un millonario contrato a la empresa Sincronía Médica Aplicada (SIMA) por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha generado preocupación y sospechas sobre la transparencia de los procesos de licitación. El contrato, que tiene un valor aproximado de 530 millones de pesos, está destinado a proporcionar material y apoyo técnico para procedimientos de hemodinamia en el Hospital Central Militar y cinco hospitales militares regionales.
A pesar de no haber ofrecido la propuesta más económica ni haber obtenido el mayor puntaje en la evaluación, SIMA fue declarada como la mejor calificada. Esto ha suscitado críticas sobre la falta de transparencia, ya que la Sedena no ha detallado las calificaciones parciales que justifican esta decisión y ha descalificado a otras seis empresas por no cumplir un porcentaje mínimo.
Se han planteado serias dudas sobre la relación entre la Sedena y la empresa SIMA, cuyos contratos han sido objeto de denuncia por irregularidades en la adjudicación, particularmente bajo la dirección de Nelly Guevara Garibay. Además, se menciona que durante los últimos dos sexenios, SIMA ha conseguido contratos por más de mil 300 millones de pesos en diversas instituciones, lo que ha llevado a llamados de atención por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
La percepción de favoritismo y la falta de competencia en las licitaciones han minado la confianza en los procesos de adquisición dentro de la Sedena, donde se ha observado un patrón de adjudicaciones directas y licitaciones desiertas, lo que plantea serias cuestiones sobre la gobernanza y la ética en la gestión de recursos públicos.