La reciente aprobación de la reforma a la ley de transparencia en México ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones para la democracia y la rendición de cuentas. Los senadores oficialistas decidieron que las funciones del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sean transferidas a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta reforma fue respaldada por 71 votos a favor frente a 21 en contra y se realizó sin modificaciones a la propuesta original, que elimina el Sistema Nacional de Transparencia y establece un nuevo marco de acceso a la información pública.
Críticos de la reforma, como el senador del PRI Ronaldo Rodrigo Zapata Bello, argumentan que esta medida representa un retroceso en la participación ciudadana y un daño a la lucha contra la corrupción. Señaló que el INAI había sido un símbolo de transparencia y un recurso importante para el escrutinio del poder, y que la eliminación de su estructura debilita los cimientos del sistema democrático.
El senador panista Juan Antonio Martín del Campo también expresó su preocupación, destacando que la reforma arriesga la transparencia, que es considerada un pilar fundamental de la democracia. En este contexto, surge una pregunta esencial sobre el futuro del acceso a la información pública y la rendición de cuentas en el país.