La situación descrita se refiere a la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de bloquear las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros funcionarios. Esto se lleva a cabo en el contexto de una investigación relacionada con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La SHCP indica que estas acciones son estrictamente preventivas y se basan en reportes del sistema financiero mexicano, específicamente bajo lo que se conoce como la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La acusación formal en Nueva York implica a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios, señalándolos por su supuesta participación en la conspiración para importar narcóticos, como fentanilo, cocaína y metanfetamina, a Estados Unidos, así como su colaboración con una facción del cártel conocida como "Los Chapitos". Esta acción es una medida de protección para la integridad del sistema financiero nacional, en un esfuerzo por prevenir cualquier posible actividad ilícita vinculada a estos individuos.