Este texto presenta un informe sobre la reciente decisión del Consejo Nacional de Seguridad en México de enviar a 26 criminales al país vecino, Estados Unidos. La presidenta mexicana justifica esta acción como una medida soberana relacionada con la seguridad nacional, pero también se señala un contexto complejo en el que su administración critica los acuerdos entre el gobierno de Donald Trump y los narcotraficantes, quienes son considerados responsables de una crisis de violencia y muerte en México.
El informe menciona la existencia de un análisis por parte del sistema nacional de inteligencia que respalda estas decisiones, aclarando que no todas las extradiciones están relacionadas con solicitudes específicas de Estados Unidos. Esto sugiere que, aunque algunos de los criminales enviados pueden tener procesos en su contra en Estados Unidos, otros no están necesariamente vinculados a una solicitud formal.
Se menciona que la presidenta no profundizó en el tema y dejó que el gabinete de seguridad proporcione más detalles en una conferencia de prensa programada para más tarde. Esto podría indicar que hay más información o justificaciones que el gobierno mexicano desea comunicar sobre esta situación.
Es un tema que refleja la complejidad de la relación entre México y Estados Unidos en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, así como las tensiones que surgen cuando se perciben discrepancias en las políticas de ambos países.