La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para expedir la Ley General de Aguas busca regular el uso y la concesión del agua en México, resaltando que el agua es un recurso de la nación y no debe ser tratada como una mercancía. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatiza que el objetivo es garantizar el derecho humano al agua y asegurar que el manejo de las concesiones sea ordenado y eficiente.
Entre los puntos principales de la iniciativa se destaca que el Estado mexicano tendrá la única responsabilidad de regular el uso del agua, eliminando la posibilidad de que las concesiones sean transferidas entre particulares. Esto implica que las concesiones no podrán ser comerciadas como se hacía anteriormente. Además, todas las prórrogas de concesiones deberán analizarse a fondo, considerando cumplimiento de obligaciones fiscales y la correcta gestión hídrica, lo que incluye la implementación de medidores.
Se establece la creación de un Registro Nacional del Agua para asegurar la transparencia y la trazabilidad de las concesiones, con el fin de evitar la corrupción y supervisar cada etapa del proceso de otorgamiento de títulos de concesión. El proceso estuvo apoyado por foros de discusión que recabaron opiniones y propuestas de diversas partes interesadas para formar un marco legal más sólido y adecuado a las necesidades del país.