La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y su reemplazo por Transparencia para el Pueblo ha generado preocupaciones significativas entre periodistas y grupos de defensa del acceso a la información. Según el colectivo Periodistas de Investigación por el Acceso a la Información (PIPAI), esta transición ha llevado a un aumento en las respuestas incompletas y evasivas de las solicitudes de información, reflejando una resistencia burocrática que limita la transparencia gubernamental.
Entre junio y agosto de este año, más de un tercio de las solicitudes de información (35.38%) presentadas en diversas entidades fueron consideradas insatisfactorias, con problemas como ligas rotas o negativas injustificadas. Esta situación es crítica para el periodismo, que depende del acceso a información pública para realizar un trabajo independiente y cuidadoso ante las declaraciones oficiales del gobierno.
La eliminación del INAI, según los críticos, ha representado un "retroceso estructural" en la transparencia en México. Se argumenta que el INAI actuaba como un organismo autónomo crucial que centralizaba la información pública y facilitaba la rendición de cuentas, mientras que la nueva institución, bajo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ha fallado en ofrecer las garantías necesarias para un acceso efectivo a la información.
A pesar de promesas de mejora por parte de los responsables de Transparencia para el Pueblo, denuncias recientes han resaltado problemas significativos. Por ejemplo, se reportó que esta nueva entidad desechó el 99.6% de los recursos de revisión que recibió, cifra que la Secretaría Anticorrupción trató de corregir, afirmando que el porcentaje real era del 14.6%. Estos incidentes señalan una falta de confianza en la capacidad de la nueva entidad para cumplir con su mandato de garantizar el derecho a la información.
El contexto refleja un panorama alarmante para la libertad de prensa y el acceso a la información en México, indicando que las reformas implementadas podrían estar debilitando las herramientas necesarias para la transparencia y la rendición de cuentas.