El problema del desabasto de agua en el fraccionamiento La Cima, en El Arenal, Jalisco, es un claro ejemplo de las consecuencias del tráfico de influencias y la corrupción en el ámbito de la construcción y el desarrollo urbano. Desde su creación entre 2010 y 2012, el fraccionamiento, desarrollado por Inmobiliaria Tango, ha enfrentado diversas irregularidades.
Karina Ruiz Ocampo, una activista que luchaba por el acceso al agua y representaba a la asociación civil La Cima Nuestra Prioridad, se convirtió en una víctima trágica de este conflicto al ser raptada, desaparecida y asesinada, lo cual resalta la gravedad de la situación.
Los problemas comenzaron cuando la inmobiliaria solo entregó las primeras tres etapas del desarrollo al ayuntamiento, mientras que las etapas recientes fueron construidas sin los permisos requeridos. Esto ha dejado aproximadamente 2,400 viviendas y entre 5,000 y 7,000 habitantes sin los servicios básicos que se les prometieron.
La falta de pago de la inmobiliaria a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha generado una deuda significativa, con cerca de 13 o 14 millones de pesos, lo que incluye impagos por el pozo de agua y el alumbrado público. A pesar de esto, el Ayuntamiento de El Arenal se ha negado a asumir la responsabilidad de esta deuda, lo que ha llevado a la CFE a suspender el servicio de agua, dejando a la comunidad en una situación precaria.
Este caso ilustra cómo el incumplimiento de las obligaciones por parte de desarrolladores inmobiliarios, junto con la complicidad de las autoridades, puede llevar a una crisis de acceso a servicios esenciales, afectando gravemente la calidad de vida de los habitantes afectados.