El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca invalidó las órdenes de aprehensión y la carpeta de investigación por lavado de dinero contra la familia Jenkins, reabierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en junio de 2020. Los magistrados determinaron que la FGR había actuado de manera ilegal al reabrir un caso que ya había sido archivado en mayo de 2018 por falta de acción penal.
Este conflicto comenzó en 2016, cuando Guillermo Jenkins de Landa acusó a sus familiares de saquear más de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, creada por su abuelo en 1954 para realizar actividades filantrópicas en México.
Desde la reapertura del caso en 2020, la FGR logró órdenes de aprehensión contra varios miembros de la familia Jenkins y sus abogados, las cuales han sido anuladas por el Tribunal. Es relevante mencionar que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, ya había tenido un litigio civil con la familia Jenkins en 2009 relacionado con el uso de la marca de la Universidad de las Américas.
En 2021, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta utilizó estas órdenes de aprehensión para tomar control del patronato de la Fundación de la UDLAP, resultando en la intervención y ocupación de la universidad privada por más de siete meses.