El informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) revela una alarmante cifra de 221 muertes potencialmente clasificadas como ejecuciones extrajudiciales a causa de los bombardeos de las fuerzas militares de Estados Unidos contra lanchas presuntamente utilizadas para el tráfico de cocaína en el Pacífico y el Mar Caribe. Este estudio, titulado "Killing Spree" y elaborado por Adam Isacson y John Walsh, argumenta que estos ataques representan un fracaso en la estrategia antidrogas de Estados Unidos, ya que no han logrado reducir la oferta de cocaína en el mercado estadounidense, donde la droga continúa fluyendo gracias a que los narcotraficantes han adaptado y fortalecido sus rutas de transporte.
A pesar de las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre la efectividad de las operaciones antidrogas, el informe indica que estas afirmaciones son engañosas, ya que no se han presentado pruebas que sustenten que las víctimas de estos ataques eran efectivamente narcotraficantes o terroristas. Los datos sugieren que la inteligencia utilizada para justificar estos ataques es deficiente, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética de las operaciones militares.
El estudio también destaca la preocupante posibilidad de que muchas de las víctimas de estos ataques sean inocentes, y menciona ejemplos específicos donde las circunstancias sugieren que las embarcaciones atacadas no transportaban drogas. La legalidad de estas acciones es cuestionada, y se señala que la administración Trump no tiene la autorización del Congreso para llevar a cabo tales operaciones en el contexto actual.
Por último, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha calificado estas acciones militares como inaceptables y ha subrayado que constituyen ejecuciones extrajudiciales, independientemente de las acusaciones de actividades criminales realizadas contra las personas a bordo.