La reforma laboral que se ha implementado para los trabajadores de plataformas digitales en México ha provocador reacciones significativas, especialmente en empresas como Uber. La compañía anunció un aumento de hasta siete por ciento en sus tarifas, argumentando que esto es un paso necesario para cumplir con el nuevo marco normativo que exige la inclusión de seguridad social para sus conductores.
En respuesta, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, afirmó que la empresa había rompido un acuerdo previamente establecido y anunció operativos de verificación a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para monitorear la situación. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social también cuestionó el aumento, indicando que carece de justificación y va en contra de lo que se había pactado durante las negociaciones sobre la implementación de la reforma.
Uber defendió su posición diciendo que el ajuste tarifario no busca beneficio empresarial, sino que intenta proteger las ganancias de sus conductores en un contexto de nuevos requerimientos legales. Esta situación refleja las tensiones entre la regulación gubernamental y las políticas de las plataformas digitales en el país.